Ecologistas en Acción Zamora y Viva Zamora no descartan que ambos animales hayan sido envenenados
Un milano real y un zorro han aparecido muertos en los términos municipales de Villalonso y Morales del Toro respectivamente. Los animales han sido localizados por Ecologistas en Acción Zamora y por Viva Zamora tras recibir el aviso de varios ciudadanos.
Por su parte, las organizaciones han notificado los hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que revisaran la zona e investigaran la situación.
Por el momento, no se han esclarecido los hechos, pero, tal y como han reconocido las organizaciones, no descartan que el origen de la muerte de ambos animales se deba al empleo de veneno para eliminar rapaces y medianos carnívoros, una práctica que, al parecer, sigue siendo muy habitual, sobre todo en los meses finales del invierno, para proteger las especies de caza menor.
Según señalan las organizaciones, por norma general, el uso de venenos no es selectivo y afecta a numerosas especies. También recuerdan que en este tipo de casos el uso de perros entrenados para localizar cebos envenenados, un método muy utilizado por la Guardia Civil, es muy eficaz para conocer el alcance de estos episodios.
Inciden, además, en que el milano real es una especie en peligro de extinción, según el Catálogo Nacional de Especies amenazadas, y en que una de las causas más importantes de mortalidad de esta especie es, precisamente, el uso de venenos en los cotos de caza.
Milano real localizado en Villalonso
En cuanto al zorro, aclaran que esta es una especie que sectores como el lobby cinegético siguen considerando alimaña, “cuando en realidad el declive de las especies de caza menor está más relacionado con el uso de pesticidas y la intensificación agrícola”.
Cabe destacar que el empleo de cebos envenenados en el medio natural está considerado delito según el artículo 336 del Código penal, así como que las penas por emplear estos tóxicos oscilan entre los seis meses y los dos años de prisión, y, en algunos casos, derivan en sanciones económicas administrativas que pueden superar los 6.000 euros.
